MOCIÓN CONTRA LA OCUPACIÓN

Hace solo un mes varias personas aún por identificar prendieron fuego a dos bloques ocupados por más de 80 familias en situación de vulnerabilidad. A las 7 de la mañana, incendiaron los pasillos en varios puntos, buscando que quienes allí vivían no pudiesen escapar de sus viviendas y provocando que tuviesen que ser rescatados por los bomberos a través de las ventanas. Vari@s tuvieron que ser hospitalizad@s por intoxicación y quemaduras de tercer grado en distintas partes de su cuerpo, y much@s sufren a día de hoy las consecuencias psicológicas y físicas de aquel intento de quemarlas vivas, no pudiendo volver a sus domicilios ni recuperar sus propiedades personales. Todo ello sin que SAREB, propietaria de los inmuebles, que los mantenía cerrados y vacíos desde hace una década, les haya dado ninguna solución al respecto.

Que solo un mes después de aquellos hechos Vox traiga una moción contra la ocupación en la que además se señala a las personas que habitaban esos bloques como responsables del incremento de la inseguridad en la zona no es solo insultante para quienes estuvieron a punto de perder su vida, si no que resulta además inmoral e indecente; Ustedes podían haber traído una moción solicitado la creación en Villalba de más vivienda pública o de emergencia social, o una moción para que se regulen los alquileres, y con ello estarían atajando dos de las principales causas de la ocupación, que no son otras que la imposibilidad de acceder a una vivienda por los altos precios del alquiler y la falta de alternativas por parte de las instituciones. Pero, en vez de eso, han decidido continuar en la senda del señalamiento y la criminalización en la que tanto ustedes como el PP están instalados, generando odio y tratando de sacar rédito de la política del miedo.

Lo hacen, además, con una moción que no es solo, como digo, inmoral e indecente, si no que es política y jurídicamente deficiente en casi todos los aspectos. Para empezar, como digo, se instala en el discurso del miedo y la magnificación de la ocupación sin aportar ni un solo dato local, autonómico o nacional al respecto y, como de costumbre, sin hacer distinción respecto a los distintos tipos y circunstancias de ocupación existentes y tipificados. Lo hacen, precisamente, porque saben que la entrada en un domicilio habitado, sea primera o segunda residencia, es un delito flagrante de allanamiento que se resuelve de manera inmediata denunciándolo en comisaría con la sola aportación de un DNI o factura que acredite que esa es, efectivamente, la primera o segunda residencia, ante lo cual los agentes pueden proceder al desalojo y la detención de manera inmediata. Este tipo de delitos de allanamiento, por cierto, lleva en consistente descenso en nuestro país desde 2016 según datos del Instituto Nacional de Estadística, habiéndose producido tan solo 230 delitos de allanamiento en 2021, el último dato disponible, del total de 282.210 delitos que se cometieron en España por personas adultas ese mismo año. Es decir, los delitos de Allanamiento (entrada en una vivienda habitada, sea primera o segunda residencia) constituyen solo el 0,1% del total de delitos que se comenten en España. Cosa distinta es el delito de usurpación, es decir: la entrada y permanencia en inmuebles vacíos, no habitados, que en 2021 llegó a la cifra de 4.302 infracciones según el INE, un 1,5% del total de delitos y que, igualmente, lleva en caída desde 2017, cuando alcanzó su cenit con cerca de 7000 delitos anuales. Y aún más distinta es la Okupación como movimiento social y político, que plantea la recuperación de espacios siempre que estén abandonados y degradados y siempre que sean propiedad de grandes bancos e inmobiliarias para crear Centros Sociales o viviendas para personas vulnerables. Como ven, los datos y estadísticas reflejan que este no es el principal problema de nuestro país, pero ustedes siguen agitando el avispero irresponsablemente, generando odio contra las personas que ocupan indistintamente de su condición, porque saben que generar miedo otorga rédito político a quien dice que va a combatir la causa de ese miedo, aunque sea infundado.

Lo que nos lleva a otra cuestión importante: la de la criminalización de las personas que ocupan independientemente de cual sea su situación o condición. Pongamos el ejemplo que ustedes mencionan como causa del aumento de la inseguridad, el bloque incendiado el mes pasado;, 85 viviendas propiedad de una sociedad de gestión mayoritariamente pública, pagadas con dinero público, que llevaban cerradas y vacías más de una década. Conozco, como también conocen muchos de ustedes, a varias de las personas de ese bloque. Muchas tienen expediente en servicios sociales. A algunas de ellas las conozco de antes del incendio por los asesoramientos y acompañamientos que como responsables del área de Servicios Sociales en Cambiemos Villalba realizábamos mi compañera Eva Morata y yo. A otras las he conocido después del incendio. Entre ellas hay ancianos, jubilados, parejas jóvenes con y sin hijos, menores, personas que trabajan pero no pueden acceder a un alquiler, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, personas de todas las nacionalidades… Y la mayoría carecen de antecedentes y simplemente quieren poder hacer su vida en condiciones de dignidad y seguridad. Han ocupado un edificio vacío porque ni desde el mercado ni desde las instituciones se les daba otra alternativa, ya que este Ayuntamiento lleva décadas sin dedicar un solo euro a políticas de vivienda; ya que la última cesión de suelo municipal para vivienda pública fue hace más de 15 años y acabó sin cumplir su objetivo enriqueciendo a empresas como Lazora o Grupo Ortíz; y ya que las viviendas públicas del IVIMA que había en nuestro municipio fueron vendidas a fondos buitre como Blackstone, Cerberus, Lone Star o Encasa Cibeles por Esperanza Aguirre. Es decir, son ustedes, y es su partido, por su acción e inacción en materia de vivienda, los únicos responsables de que personas y familias humildes no tengan otra alternativa que ocupar edificios vacíos. Y, como comprenderán, esas más de 80 familias no son delincuentes, y de hecho por su situación de vulnerabilidad y exclusión se ven expuestas a sufrir en sus carnes y lidiar ellas mismas con la delincuencia.

Esta es también, como digo, una moción jurídicamente deficiente, además de abiertamente xenófoba: sus acuerdos se esfuerzan en distinguir constantemente entre españoles y extranjeros, y piden incluso acciones a todas luces ilegales, como que «no se inscriba en el padrón a los inmigrantes ilegales que hayan ocupado«, cuando la ley es absolutamente clara a este respecto;  el Artículo 2.1 de la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal establece que «El objetivo de exigir documentación identificativa al solicitar la inscripción en el Padrón es exclusivamente comprobar que los datos de identificación (…) son correctos, con independencia de la situación legal del extranjero en España. Al Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos«. Por no hablar de su lamentáble último acuerdo que, con su actual redacción, abre la puerta a la contratación por parte del Ayu<ntamiento de empresas de dudosa legalidad para llevar a cabo desocupaciones al margen del procedimiento judicial pertinente.

Queremos acabar esta intervención preguntando a Vox y al PP qué es lo que realmente propone hacer, sabiendo que el Ayuntamiento no ha invertido en y no tiene vivienda pública, con las personas humildes que se ven avocadas a ocupar porque no les queda otra alternativa. ¿Proponen ustedes echarles de los inmuebles previamente vacíos en los que ahora residen para que se vayan a dormir a la calle? ¿Proponen dejarles sin techo y que mueran de frío por la noche en pleno invierno? ¿O que se busquen la vida y se dediquen a construir chabolas e infraviviendas en el primer lugar que encuentren disponible? Nos gustaría que nos aclarasen esta cuestión.

Votaremos EN CONTRA.

MOCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES PRESENTADA POR UNIDAS POR COLLADO VILLALBA

Hace ya más de dos años que el Gobierno de España anunció el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que preveía que, para Enero de 2023, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberían tener implantada y en funcionamiento una Zona de Bajas Emisiones. A dicho anteproyecto, aprobado en Mayo de 2021, le siguió hace año y medio, en Noviembre de ese año, una Guía del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que aportaba el contexto y las directrices necesarias para la efectiva implantación de las mismas, y poco tiempo después, en Abril de 2022, se abría el periodo de Exposición Pública del Real Decreto que otorgaba rango legal a dichas directrices. Junto con una serie de convocatorias de subvenciones para facilitar la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios obligados a implantarlas, todas estas medidas respondían a compromisos anteriores y normativas supranacionales que, desde hace años, venían advirtiendo de la necesidad  y futura obligatoriedad de la aprobación de estas Zonas.

Inicio esta exposición con esta breve recapitulación de «hitos» normativos y legales para evidenciar que, como bien es sabido, a pesar de que la obligatoriedad de la implantación de Zonas de Bajas Emisiones viene anunciándose desde hace más de dos años, en nuestro municipio no se ha dado ni un paso sólido para avanzar en dicha dirección, y a día de hoy, cuando la ZBE ya debería estar en marcha, ni siquiera existe un proyecto municipal que prevea a qué partes de nuestro municipio afectará ni cómo pretende implantarse. Es por ello que resulta indignante que, pese a que había antecedentes suficientes y claros, y pese a que l@s concejales de la oposición venimos advirtiendo al Ayuntamiento de la obligatoriedad de la medida desde hace meses, el equipo de gobierno no solo no haya hecho nada al respecto, si no que encima tenga la desfachatez de pedir al gobierno central una moratoria para la puesta en marcha de la misma. Señores del PP; podría ser comprensible que ustedes pidiesen dicha moratoria si, como ha ocurrido en otros municipios, hubiesen trabajado mínimamente y tuviesen un proyecto, al menos por escrito, al menos desarrollado, que no les da tiempo a ejecutar. Pero, cuando se evidencia que ustedes han pasado de implementar esta medida pese a todas las normativas y advertencias, pedir una moratoria es simplemente tener mucha cara.

Las Zonas de Bajas Emisiones, como es de general conocimiento y como se establece en la propia ley, persiguen, entre otros, tres objetivos fundamentales; mejorar la calidad del aire, reduciendo los contaminantes como el material particulado, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y nitrógeno o el ozono troposférico; reducir la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento de la atmósfera y, finalmente, reducir la contaminación acústica. Para ello, se prevee que en dichas Zonas se implementen políticas de peatonalización y movilidad sostenible en vehículos no contaminantes como patinetes o bicicletas, se establezcan restricciones al tráfico de motor y se fomente el transporte público y la movilidad compartida. La normativa indica, además, que al inicio de la implantación de la ZBE deben consignarse niveles de partida en cuanto a contaminación, emisiones y ruido, y que la mejora de dichos indicadores debe ser igualmente medible y cuantificable tras la implementación de la misma, por lo que hacen falta instrumentos jurídicos, técnicos y personal formado para hacer dichas mediciones iniciales y monitorizar que efectivamente esta política contribuye a una mejora respecto a los niveles previos a su implantación.

No tenemos mucho más que añadir a este respecto, tienen toda la información en el texto de la Moción que además colgaremos en nuestra página web, y estamos disponibles para solucionar cualquier duda que pueda surgirles. Muchas gracias.

Podéis encontrar el texto completo de la Moción aquí: https://cambiemosvillalba.info/2023/02/08/mocion-para-la-implantacion-de-la-zona-de-bajas-emisiones/

PRÓRROGA A 2023 DE LA BONIFICACIÓN DEL 75% DE LA TASA DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Las medidas aprobadas en 2020 para el control de la Pandemia de la COVID-19, que impusieron el confinamiento domiciliario de toda la población, el cierre de comercios y espacios públicos y las limitaciones de aforo en multitud de negocios, supusieron un duro golpe para la economía del país y, particularmente, del sector de la hostelería. Por ese motivo, todos los grupos municipales del Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba aprobaron en 2020 una Modificación a la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Utilización del Dominio Público local que preveía una exención del 75% de la misma durante los años 2020, 2021 y 2022, siendo los principales beneficiarios de esta medida los bares y restaurantes con terrazas en la vía pública.

Las campañas de vacunación masiva y la desescalada progresiva de las medidas sanitarias de prevención y control, así como la recuperación de la economía y la mejora de los datos de empleo, han permitido que la vuelta a la llamada «nueva normalidad» se haya traducido en una recuperación casi completa de los negocios que lograron sobrevivir a la pandemia. Sin embargo, los nuevos retos que enfrentan nuestras sociedades, como el encarecimiento de las materias primas y la energía, plantean un panorama complicado para muchas empresas, por lo que hoy se nos propone una nueva prórroga de la exención mencionada para ayudar a los negocios de hostelería que disponen de terrazas en la vía pública.

A pesar de considerar razonable la propuesta, encontramos diversas deficiencias en la forma: el expediente que se nos ha remitido solo incluye la propuesta de prórroga a 2023 redactada por el concejal, sin informes técnicos, jurídicos o de intervención al respecto. No hay datos sobre recaudación efectiva y prevista (se nos ha enviado con posterioridad un documento al respecto) ni sobre el impacto que la continuidad de esta medida tendrá sobre las cuentas municipales. Nos preocupa, también que la continuidad, por cuarto año, de esta exención de la que se beneficia principalmente el sector de la hostelería pueda ser visto como un agravio comparativo por otros sectores también afectados por la consecuencia de la crisis económica fruto de la pandemia.

Dado que entendemos en parte y compartimos la necesidad de facilitar a los negocios del municipio su actividad, pero encontramos diversas fallas en la tramitación del expediente, no vamos a bloquear su aprobación, votaremos Abstención.