En el pleno de ayer, último del año,  el Ayuntamiento liquidó por fin  el contrato con una empresa a la que todos los vecinos y vecinas de Collado Villlaba  estábamos deseando perder de vista . Una liquidación que sin embargo llega con mucho  retraso, y que al parecer ha  sido posible sólo cuando el equipo de gobierno se ha visto en minoría y ha tenido que ceder  a la exigencia y presión   conjunta de los grupos de la oposición, quienes hemos asumido una responsabilidad que este  propio equipo de gobierno debería haber asumido en su momento.

Consideramos que el documento aprobado  recoge el convenio más justo y ventajoso  para nuestro municipio y  nos gustaría  explicar aquí a nuestras vecinas y vecinos porqué lo consideramos así.

En primer lugar es importante aclarar que  el objeto de este documento es liquidar los gastos de  los suministros de energía que nuestro pueblo ha consumido, así como las inversiones realizadas en nuevas equipaciones y  mantenimiento. Se trata de unos gastos que obligatoriamente la ley nos exige asumir, puesto que se corresponden con servicios que hemos utilizado y bienes que ahora son propiedad del municipio.

Ahora bien, Cambiemos Villalba, junto con los demás grupos de la oposición decidimos, desde el principio del proceso  de rescisión-liquidación – al que el equipo de gobierno nos llamó a participar- implicarnos en el mismo adoptando una posición absolutamente férrea y vigilante en cuanto a la valoración de estos gastos, con el objetivo de que los villalbinos y villalbinas no  pagásemos  ni un  céntimo de más de lo que  decidiéramos que era justo valorar.

En este sentido, rechazamos la primera propuesta que  se nos presentó  a través del informe de la Oficina Asesora GS Genera contratada por el Ayuntamiento en agosto de este año para poder certificar las facturas de los suministros. Tras un exhaustivo estudio de este informe, llegamos a la conclusión de que la valoración de las inversiones en 874.600 euros estaba considerablemente sobredimensionada.

Detectamos que en algunos casos la empresa Cofely había ejecutado medidas que no estaban contempladas en el pliego inicial y que  -y esto es determinante- no  habían sido reconocidas por ningún técnico municipal  . Es decir, se habían ejecutado medidas por mucho más valor que el contemplado en el contrato original sin consultar con el ayuntamiento.

Por otra parte se había incluido material que no había sido utilizado y no se había considerado el valor residual de los equipos retirados, propiedad del ayuntamiento.

A la vista de la improcendecia de este informe, todos los grupos de la oposición sospechamos de su objetividad y exigimos al equipo de gobierno  su desestimación así como  recurrir a nuestro técnico municipal para elaborar un documento fidedigno en el que se contemplaran todas estas circunstancias.

El resultado fue que en el nuevo documento el valor de las inversiones se veía reducido a 476.470 euros, esto es  unos 400.000 euros menos.

Si lo comparamos además  con la cantidad que reclamaba la propia Cofely al inicio del proceso,   1.161.535 euros, la diferencia sería de unos 674.000 euros.

El documento definitivo  recoge la cantidad presentada por nuestro técnico, resultado de la valoración más ajustada posible. Además Cofely se compromete a no reclamar intereses de demora, ni beneficio industrial, ni daño emergente ni lucro cesante… esto es, las indemnizaciones.

Por último el ayuntamiento se asegura el suministro de energía asumiendo por surrogación de la titularidad de los contratos con los suministradores

Concluyendo, como decíamos al principio,  el  contrato resultante recoge  todas las condiciones que el Ayuntamiento ha exigido a Cofely por lo que lo consideramos como un documento favorable para nuestro pueblo. Unas condiciones que hubiera sido imposible conseguir sin el trabajo de fiscalización, seguimiento y exigencia que hemos realizado conjuntamente todos los grupos de la oposición y por supuesto  el técnico municipal.

No obstante, y desgraciadamente, nuestra relación con Cofely no acaba aquí. Queda pendiente el proceso penal en el que nuestro Ayuntamiento se persona como acusación particular por el caso de corrupción, un proceso que seguiremos  de cerca para exigir en su momento los posibles daños y perjuicios que la empresa haya cometido contra nuestro municipio.