APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) POR EL INCREMENTO DEL 1,5% ADICIONAL DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 elaborada por el Gobierno de Coalición del PSOE y Unidas Podemos establecía una subida salarial del 2% para los empleados públicos. Tras el notable aumento de la inflación durante dicho año a causa de las diferentes crisis y la complicada situación geopolítica, el Gobierno ha propuesto un nuevo incremento del 1,5% para dichos empleados que pretende paliar las consecuencias de la subida generalizada de precios en nuestra economía.
Así, el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban (…) medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público (…), establece en su Artículo 23 ese Incremento retributivo adicional para el año 2022.
Concretamente, el Artículo 23.1.dispone que «Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021«, especificando el Artículo 23.2 que «Ese incremento (…) 1. Se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma que la suma de ambos consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento. 2. Se materializará en la nómina del mes de noviembre de 2022, abonándose como atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año. y 3.ª En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023″.
Tal y como explicaron los concejales de Personal y Hacienda en la Comisión Informativa, esto es un trámite necesario para cumplir con el incremento aprobado por el gobierno, y existe dotación presupuestaria gracias a la amortización de las plazas de policía no cubiertas durante este año, por lo que nuestro grupo municipal votará A Favor.
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS NORMAS REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA ATENUAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA INFLACION EN LA ECONOMIA CIUDADANOS COLLADO VILLALBA
«El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debe ser interpretado en el sentido de que la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones, con carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, constituye un requisito esencial del procedimiento subvencional, de modo que el incumplimiento de esa obligación, por parte de la Administración pública o Ente público convocante de las ayudas públicas, determina la nulidad de la Orden de convocatoria de la subvención«.
Esto que acabo de leer es un extracto de la Sentencia 543/2022 de 9 de Mayo de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que establece clara y taxativamente que no pueden convocarse subvenciones sin la existencia de un Plan Estratégico de Subvenciones previamente redactado.
Nuestra propia Ordenanza Reguladora de las Bases Generales para la Concesión de Subvenciones, por otra parte, excluye en su Artículo 2 la posibilidad de otorgar subvenciones de manera directa a personas físicas, circunscribiéndolas a «entidades de naturaleza jurídica, públicas o privadas«, y especificando en su Artículo 5 que solo podrán ser perceptoras de subvenciones «Las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, inscritas en el Registro de Entidades y Asociaciones del Ayuntamiento de Collado Villalba» y «Las Entidades entre cuyos fines se encuentre la realización de proyectos de Cooperación al Desarrollo (…) con sede social en la CAM, que concurran a la convocatoria anual de Proyectos de Cooperación«.
Estos son solo dos de los muchos obstáculos legales de esta propuesta a medio cocinar que nos trae hoy el Partido Popular. Pero, incluso, si no existiese impedimento legal alguno que dificultase la convocatoria de este tipo de subvenciones, encontramos más de un argumento política y moralmente cuestionable respecto a pretender inyectar en la economía villalbina, a 6 meses de las elecciones, 4.000.000€ en ayudas directas para hasta 8.000 personas.
Al margen, como decimos, del aroma electoralista que recuerda a prácticas más propias del caciquismo del siglo XIX y XX, esta subvención resulta cuestionable porque excluye precisamente a las personas que más necesitan ese apoyo ahora mismo: las que se encuentran en la franja más baja de la escala de ingresos, pues las bases de esta subvención establecen como requisito para percibirla estar por encima de los baremos de ingresos establecidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de las Prestaciones Sociales para Situaciones de Especial Necesidad y/o de Emergencia Social. Es decir, no son quienes menos tienen y más ayudas necesitan quienes podrían beneficiarse de estas ayudas, si no quienes en lo económico se encuentran inmediatamente por encima de esas personas. Y no solo eso; es que la aprobación de esta subvención supone un agravio comparativo directo precisamente para esas personas cuyos bajos ingresos las hacen quedar excluidas de poder optar a esta subvención, pues estas personas con bajos ingresos, para recibir prestaciones de especial necesidad, deben pasar por el trámite de solicitar y acudir a una cita en servicios sociales, pasar por entrevistas y evaluaciones de una trabajadora social, acudir regularmente a las citas establecidas por dichos servicios sociales y aceptar un «plan» acordado con su trabajadora social que establece una serie de requisitos extra (como entregar currículums, acudir a entrevistas de trabajo y otras medidas similares) para poder acceder a ayudas que no siempre son de naturaleza económica, como la que hoy se nos plantea.
Nosotr@s estamos absolutamente a favor de que se incremente el gasto social. Incluso, de que se use el remanente de tesorería para dar ayudas sociales de diferente naturaleza. De hecho, echamos en falta y criticamos que de los 11 millones de remanente que el equipo de gobierno proponía gastar la semana pasada fuese solo una única política dotada con 10.000€, un 0,08% de ese total, la destinada a gasto social. Pero esto que nos plantean hoy no es la manera de hacerlo, tanto porque no es posible legalmente como porque excluye precisamente a quienes más lo necesitan.
Por ello, les proponemos y les garantizamos nuestro apoyo si, a la mayor brevedad posible, en las próximas semanas, o en el próximo pleno, ustedes traen una propuesta viable y no excluyente para invertir 4 millones de euros en gasto social. Y les proponemos dos maneras de hacerlo:
Una, modificando la OrdenanzaMunicipal Reguladora de las Prestaciones Sociales para Situaciones de Especial Necesidad y/o de Emergencia Social para aumentar los límites de ingresos máximos en relación al IPREM establecidos en el baremo económico elaborado para determinar quién puede recibir ayudas. Pueden elevarlos, incluso, hasta las mismas cantidades que proponen en las bases de esta convocatoria. Y nosotr@s les apoyaremos sin una sola duda. De hecho, no entendemos como es hoy la concejalía de desarrollo local la que trae esta propuesta, invadiendo una competencia que lo lógico sería que fuese abanderada por la concejalía de servicios sociales dada la situación que se pretende abordar y las personas a las que se pretende ayudar.
La otra, solventando las carencias legales existentes (Fundamentalmente, redactando el obligatorio Plan Estratégico de Subvenciones) y eliminando el límite inferior de ingresos establecido en las actuales bases y normativa que impide a las personas más vulnerables acceder a estas ayudas.
Con cualquiera de estos dos modos nosotr@s estaremos absolutamente dispuestas a dar nuestro apoyo a esta iniciativa. Pero no podemos hacerlo mientras la convocatoria de la subvención no cumpla los requisitos legales mínimos y sus bases y normativas excluyan a las personas más vulnerables. Por tanto, actualmente no podemos si no votar En Contra de esta propuesta.
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA UN AUMENTO DE LAS INVERSIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID, Y QUE ÉSTAS SEAN ACORDES A LAS NECESIDADES REALES DE NUESTRA REGIÓN
Esta no es solo una moción políticamente marrullera que promueve la absurda pero muy rentable confrontación entre Madrid y Cataluña en la que tanto le gusta embarrarse a la derecha española para tapar sus vergüezas, si no que es además una moción contradictoria en su propia redacción.
La moción comienza reconociendo que, actualmente, Madrid es la región más rica de España en términos de Producto Interior Bruto, defendiendo además que Madrid es una región solidaria con el resto de regiones de nuestro estado, para inmediatamente después quejarse de que Madrid recibe menos euros por habitante y menos inversión que otras regiones con menor PIB. ¿Como se puede explicar que uno defienda que es la región más rica y solidaria y, a la vez, se queje de que no recibe tanta inversión como otras? ¿No es precisamente la base de la solidaridad que quienes menos tienen reciban más que quienes más tienen…? Porque si ustedes afirman y se enorgullecen de que Madrid es la región más rica y solidaria para a continuación acabar pidiendo que Madrid tiene que recibir más, están cayendo en un completo sinsentido.
Pero no acaba ahí la contradicción. Tanto el cuerpo de la moción como los acuerdos denuncian que el Gobierno no apuesta por nuestra comunidad ni nuestros municipios porque en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 la inversión territorializada fue solo del 8,9% del total de las inversiones, para 3 párrafos más adelante reconocer que en los Presupuestos de 2023 esa inversión territorializada aumenta para la Comunidad de Madrid hasta el 9,7%, casi un punto porcentual más respecto al año anterior, lo que contradice el argumento inicial de la falta de apuesta e inversión en nuestra Comunidad por parte del gobierno central.
La cuestión es que, tomados en abstracto, esos datos pueden dar a entender que hay un trato discriminatorio porque, efectivamente, la inversión territorial en la Comunidad de Madrid aumenta, pero en menor porcentaje que en el conjunto del territorio. Lo cual, de nuevo, tiene lógica pues no sería razonable que la comunidad más rica recibiese tanta inversión como otras que lo necesitan más. Y es este otro punto clave donde se descubre que los argumentos utilizados son parciales y torticeros: Madrid es, por detrás de Andalucía, que ocupa el primer lugar en inversión en los PGE, y que esta moción se olvida de mencionar, y Cataluña, que ocupa el segundo, la tercera comunidad en cuanto a inversión territorializada en los PGE. Lo cual puede tener cierta lógica teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid es la tercera región en número de población de nuestro país, con un millón menos de habitantes respecto a Cataluña y casi dos millones respecto a Andalucía. En ese sentido meramente demográfico, por tanto, es lógico que reciba menos fondos que las otras dos que la superan en población.
Por otra parte, considerando ahora particularmente las cuestiones de política territorial, Madrid es la región más rica de España porque concentra todas las sedes de las grandes instituciones públicas nacionales: del gobierno, de los ministerios, de la justicia, de la cultura, del arte, del patrimonio, de la economía y de la administración en general, además de todos los museos nacionales e instituciones científicas nacionales. Eso evidentemente provoca un flujo de personas y capitales que la benefician económicamente… y supone que otras regiones que podrían ser partícipes de una mayor descentralización, contribuyendo así si a la «cohesión nacional y territorial», no puedan beneficiarse de esos flujos.
Ocurre, también, que la moción adolece en todos los sentidos cuando se la compara con la realidad: el PP pide más inversión para Madrid pero, paradójicamente, las inversiones que el PP realiza en Madrid adolecen de escasez en ámbitos fundamentales. Por ejemplo, Madrid es la Comunidad más desigual de España y en la que más distancia existe entre el 20% más rico y el 20% más pobre; el Partido Popular nunca ha utilizado la inversión para corregir esto. También es la región que menos inversión por habitante realiza en materia de sanidad y educación en relación a su PIB. Y adolece, eso si, de un triste historial de fallidas inversiones, como el tremendo agujero que supusieron la Ciudad de la Justicia o la fallida Villa Olímpica, que ponen de manifiesto que el PP cuando reclama y ejecuta inversión solo lo hace para promocionar pelotazos urbanísticos que acaban abandonados dejando un enorme agujero financiero en nuestras cuentas.
No hace si no añadir a este sinsentido el hecho de que el PP reclame más inversión, es decir, más dinero y más fondos, cuando precisamente en Madrid sus políticas fiscales de reducción de impuestos que benefician muy diferencialmente a los ricos (como la deflactación del IRPF, o la rebaja de hasta el 25% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones) privan a la Comunidad de Madrid de unos ingresos que luego viene llorosa a reclamar a papá estado.
No podemos terminar si no denunciando que, al margen del lamentable y ya muy manido «Cataluña nos roba» que enarbola esta moción, el discurso de la «solidaridad territorial» no es si no una falacia que oculta que las regiones más pobres de nuestro país no lo son, en contra de lo que defiende ese discurso, por sus especiales condiciones geográficas, climáticas o geológicas, como defiende dicho discurso, si no porque en comunidades como Extremadura, Castilla la Mancha o Andalucía siguen predominando formas de concentración de la riqueza, la tierra y los medios de producción en unos pocos aristócratas, empresarios y señoritos que, con sus conglomerados y latifundios, impiden la prosperidad de la mayoría de sus habitantes. Es decir: el discurso de la «solidaridad territorial» es una cortina de humo para desviar la atención del problema de la desigualdad social y de la necesidad de la lucha de clases para acabar con los privilegios de los estratos dominantes.
Por todo esto, no podemos si no votar En Contra de esta moción que solo busca perpetuar la larga tradición del PP de hacer oposición al Gobierno de España desde la Comunidad de Madrid para ocultar sus políticas que favorecen la desigualdad y el empobrecimiento tanto entre los madrileños y madrileñas como entre Madrid y el resto de regiones de nuestro país.
– https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35386/privado-publico-concertada-educacion-Madrid-inversion.htm
– https://elpais.com/ccaa/2019/05/14/madrid/1557842765_406757.html
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID, SOBRE LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA PARA MEDIR EL GAS RADÓN EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COLLADO VILLALBA.
El radón es un gas noble radiactivo que se produce por la descomposición natural del uranio, el torio o el radio. Al ser inhalado durante periodos prolongados de tiempo sus partículas radiactivas se acumulan en los pulmones, contribuyendo al aumento de las probabilidades de padecer cáncer de pulmón. Dada su naturaleza gaseosa, el radón emana del suelo y de elementos graníticos y va acumulando poco a poco en los espacios cerrados, ascendiendo progresivamente una vez dichos espacios quedan colmatados por el gas. La mera ventilación es suficiente para facilitar la dispersión del gas y la renovación del aire, pero su naturaleza inodora e incolora contribuye sin duda a la falta de percepción de esta amenaza silenciosa.
Los estudios del Consejo de Seguridad Nuclear han determinado que la geología de la Sierra de Guadarrama, Collado Villalba incluida, es Zona de Actuación Prioritaria frente al Radón debido a la alta concentración en superficie de este gas que emana de las formaciones graníticas que predominan en el subsuelo de nuestra sierra.
Siendo conocedoras de esta realidad, en Unidas por Collado Villalba incluimos en nuestro programa electoral, dentro de la sección «Ciudad libre de Tóxicos» y junto a otras medidas como la eliminación del glifosato, la creosota o el amianto, la Redacción de un Plan de Acción Local para el Radón con medidas para la medición e identificación de viviendas y edificios afectados por el mismo, así como para su reducción, campañas de información y concienciación, etc..
Es por ello que cuando se trajo a este Pleno la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios, desde Unidas por Collado Villalba planteamos y presentamos alegaciones para que se incluyesen procedimientos para la medición de la concentración de Radón en los mismos, siendo inicialmente rechazadas por el Equipo de Gobierno, que posteriormente, en el Pleno ordinario de 26 de septiembre de 2021, se vió obligado a votar a favor de las alegaciones de Consejería de Vivienda a dicha Ordenanza en este mismo sentido.
Moralzarzal, Torrelodones o Soto del Real son algunos de los municipios que ya han llevado a cabo campañas de información y de medición del Radón en sus edificios municipales y viviendas, lo que amerita que Collado Villalba sea uno de los siguientes en unirse a esa lista de localidades que habilitan los medios para abordar este desconocido pero grave problema de salud pública.
Por todo lo argumentado y expuesto, no podemos si no estar A Favor de esta Moción.
Candidatura de unidad popular "Cambiemos Villalba" 