Los Grupos Municipales CAMBIEMOS VILLALBA e IZQUIERDA UNIDA del Ayuntamiento de Collado Villalba, al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el RD 568/1986 de 29 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, presenta la siguiente

MOCIÓN PARA UN ADECUADO APOYO MUNICIPAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR PROCESOS DE DESAHUCIO

En los últimos años la reducción del número de ejecuciones hipotecarias y procesos de desahucio vinculados a estas se ha topado con una realidad paralela cada vez más habitual y alarmante; la del aumento sostenido de los desahucios por impago de alquiler debido a la persistencia de la precariedad y al crecimiento de una burbuja que hace cada vez más difícil para las mayorías sociales el acceso a y la permanencia en una vivienda adecuada a sus necesidades. Así, según revelan los datos recogidos en el informe «Efecto de la Crisis en los Órganos Judiciales», publicado por el Consejo General del Poder Judicial, durante el tercer trimestre de 2018 los lanzamientos por impago de alquiler crecieron hasta alcanzar los 7.518 en todo el país, encandenando 15 meses consecutivos al alza y suponiendo ya dos tercios del total de los desahucios ocurridos.

La Comunidad de Madrid ocupa, con 1238, el cuarto puesto en cuanto a lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, y el tercero, con 1034, en cuanto a lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin que día de hoy se plantee la articulación de normativas que regulen el mercado de alquiler, permitan establecer impuestos o sanciones a los grandes tenedores y especuladores y faciliten el acceso a una vivienda digna a las personas en situación de vulnerabilidad. Por el contrario, a las dificultades acaecidas con la venta de vivienda pública a fondos buitre por parte del Partido Popular se une la falta de nuevas promociones de vivienda social (en su nivel más bajo desde la década de los 50) y la completa saturación de las listas de espera para acceder a las viviendas protegidas ya existentes. Mientras tanto, los mencionados Fondos Buitre son ya, con más de 110.000 pisos en sus manos, los principales operadores del mercado del alquiler, con entes como Blackstone (40.000 viviendas), Lone Star (34.000 viviendas) o Azora/Lazora/EnCasaCibeles (12.000 viviendas) acaparando buena parte de la oferta, impulsando gracias a la permisividad legal una constante subida de precios y obteniendo copiosos beneficios gracias al desarrollo de su actividad mediante SOCIMIS sujetas a cuantiosos beneficios fiscales o directamente exentas del pago de impuestos. A su vez, entidades como la SAREB, los Bancos y sus gestoras inmobiliarias contribuyen al agravamiento de la situación con una mas que cuestionable gestión de las propiedades a su cargo.

Esta situación ha generado un completo desamparo en cientos de miles de familias, y especialmente en las más azotadas por las consecuencias de la crisis, que se ven coartadas en la realización de su derecho a una vivienda digna e imposibilitadas para asumir unos costes de alquiler y suministros cada vez más altos.

En Collado Villalba, la ausencia de una Oficina Municipal de la Vivienda y la completa inactividad del área de Vivienda dificulta un conocimiento preciso de la situación en este ámbito. Los últimos datos disponibles arrojan un total de 2.760 viviendas vacías en Collado Villalba, un 10% del total existente en 2011, con núcleos de infravivienda y vivienda ocupada consolidándose en varias zonas de la localidad. El Informe sobre Pobreza y Exclusión en Collado Villalba, si bien revela que el número de ejecuciones hipotecarias por cada 10.000 habitantes en el periodo 2007 – 2015 aumentó en mayor medida en Collado Villalba que en la Comunidad de Madrid (de 15 a 36 en Villalba versus de 5 a 9 en la Comunidad), no incluye datos relativos a lanzamientos relacionados con procesos de alquiler u ocupaciones. La realidad del trabajo municipal diario de los grupos de oposición y de colectivos municipales en defensa de los derechos sociales revela, no obstante, un goteo regular de casos de personas afectadas por procedimientos de desahucio sin alternativa habitacional que solicitan ayuda y asesoramiento ante la indefensión producida por las carencias del sistema legal, judicial, administrativo y político.

En este sentido, los Servicios Sociales del Ayuntamiento pueden desempeñar un papel fundamental para garantizar que los derechos de l@s afectad@s se vean debidamente protegidos. Un adecuado asesoramiento, interlocución y acreditación de la situación de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales resulta clave para lograr una solución garantista en los procesos de negociación con las entidades inmobiliarias que acumulan el grueso de los de los procedimientos de desahucio por impago en nuestro municipio. A su vez, la mayor implicación de una institución oficial como el Ayuntamiento en dichos procesos facilita la predisposición de dichas entidades a alcanzar acuerdos que garanticen una solución justa para l@s afectad@s.

Por todo ello, los grupos municipales firmantes proponen lo siguientes

ACUERDOS:

1. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Collado Villalba elaborarán y facilitarán Informes que acrediten detalladamente, cuando así se haya comprobado, la precariedad, vulnerabilidad, desamparo, etc. de aquellas personas usuarias que, atravesando esas situaciones, se vean afectadas por procesos de desalojo o desahucio sin alternativa habitacional, así como de aquellas personas que los necesiten para la obtención de determinadas prestaciones, ayudas o acuerdos con diferentes entidades.
2. Los Servicios Sociales municipales, en colaboración con el resto de instituciones del Ayuntamiento, participarán activamente en la mediación con entidades bancarias e inmobiliarias en aquellos procedimientos de desahucio o desalojo que afecten a vecin@s vulnerables, proporcionando apoyo institucional que facilite la consecución de alquileres sociales ajustados a los ingresos y la situación de l@s afectad@s.
3. Los Servicios Sociales municipales elaborarán un registro estadístico anual con datos sobre sus intervenciones en este tipo de procedimientos, los cuales incluirán al menos el número de procedimientos de desahucio o desalojo atendidos, datos sociodemográficos de l@s afectad@s y resolución de los mismos.
4. El Ayuntamiento pondrá en marcha a la mayor brevedad las medidas aprobadas en el acuerdo plenario de 25 de enero de 2018 para la creación de una bolsa de viviendas gestionada por el Ayuntamiento.

Alerce Fernández Sánchez